«La Iglesia acata la ley actual, pero tiene la obligación de denunciar que, en su actual articulado, vulnera derechos fundamentales de padres, alumnos y centros, y los derechos fundamentales no son negociables».
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, resumía de este modo la toma de postura de la Casa de la Iglesia respecto a la reforma educativa y sus consecuencias.
Como anunció ABC, los obispos de la Comisión Permanente publicaron ayer un documento que, bajo el título «La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas», ofrece criterios de actuación a los católicos frente a la implantación de la reforma educativa.
Objeción de conciencia
Se trata de un análisis sumamente crítico de los aspectos de la LOE que más preocupan a la Iglesia católica: enseñanza de la Religión, estatus de los profesores de esta materia, Educación para la Ciudadanía y libertad de enseñanza. En el texto, aprobado por unanimidad, se insta a los padres a «defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos».
Aunque el documento no refleja textualmente la opción de la objeción de conciencia ante la materia de Educación para la Ciudadanía, Martínez Camino aseguró en rueda de prensa que «la objeción de conciencia es un medio legítimo», y añadió que «los padres harán muy bien en recurrir a este medio».
A su vez, los obispos lanzan una clara advertencia a los centros de titularidad eclesiástica, indicando que «si admiten en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio». Además, el documento señala que «el Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad religiosa».
El texto presentado ayer es especialmente duro con Educación para la Ciudadanía, que los obispos califican de «formación estatal y obligatoria de la conciencia» que traerá consigo «la imposición del relativismo y de la ideología de género», por lo que resulta «inaceptable en la forma y en el fondo». Para el Episcopado, «la autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra».
Otro aspecto relevante del documento es la rotunda oposición de la Iglesia a la nueva regulación del profesorado de Religión introducida por la LOE, que les asimila al Estatuto de los Trabajadores. Aunque la Conferencia Episcopal reconoce que «sus derechos laborales deben ser plenamente reconocidos y tutelados», considera que la disposición legal «no responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica ni a la jurisprudencia», haciendo especial hincapié en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
Por ello, anuncia el Episcopado, «si las cosas permanecen como se encuentran en este momento, es posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos de todos». A preguntas de los periodistas, el portavoz episcopal matizó que «aún estamos a tiempo», reiterando su esperanza de lograr que la Iglesia «pueda garantizar a los padres la idoneidad de los profesores de Religión para impartir esta asignatura a quienes voluntariamente la soliciten».
La asignatura arrinconada
En cuanto a la asignatura de Religión, el texto aprobado en la Permanente denuncia que la LOE «ni siquiera la menciona en el cuerpo de la ley, relegándola a una disposición adicional», reduce su número de horas y se limita a establecer una «atención educativa, cuya definición queda al arbitrio de cada centro» para quienes no opten por esta materia.
En opinión de la Conferencia Episcopal, se trata de «una solución discriminatoria para quienes eligen la Religión», que «carece de la seriedad académica que reclama el derecho del quienes la solicitan libremente, esto es, cerca del 80% de los padres». Por ello, los obispos consideran que «queda obstaculizado el ejercicio real y efectivo de un derecho reconocido por la Constitución, en su artículo 27.3, y no se cumple lo pactado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español».
