El Constitucional avala el despido de docentes de religión por su vida privadaEl recurso trataba del caso de una mujer que vivía con un hombre que no era su marido
Que los obispos despidan a una profesora de catolicismo por vivir con un hombre distinto de su marido no debe tacharse de inconstitucional, según el pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de la semana pasada conocida ayer. Su argumento es que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos determinados conocimientos y, por tanto, la capacitación para impartirla "puede implicar exigencias" que desborden las limitaciones de una empresa al uso. La ponente de la sentencia ha sido la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas.
María del Carmen Galayo Macías, una de los 17.000 profesores contratados y pagados por el Estado a petición del episcopado español, prestó servicios como docente de Religión católica en diversos centros públicos de Primaria en Canarias desde el curso 1990 / 1991. En octubre de 2000, se le comunicó que no se le formalizaría nuevo contrato, por mantener una relación con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado. El pleito que planteó en aquel momento no le devolvió su empleo y ha sido solventado ahora por el Tribunal Constitucional (TC) sólo en los aspectos doctrinales. Los magistrados dejan para otra ocasión entrar en su caso concreto si la docente despedida decide finalmente plantear un recurso de amparo.
Fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien planteó en 2002 al Constitucional una posible contradicción entre los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Constitución Española de 1978 en lo referente al régimen laboral de los profesores de Religión católica en la enseñanza pública. El TSJC estimaba que al menos tres artículos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales podrían vulnerar seis artículos de la Constitución, en concreto el régimen laboral de los profesores de catolicismo, articulado en el convenio firmado en 1999 por el Gobierno de José María Aznar y la Conferencia Episcopal, frente a los derechos de igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.
El Constitucional, en sentencia de la que ha sido ponente su presidenta, María Emilia Casas Baamonde, dice que, puesto que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos determinados conocimientos, la capacitación para impartirla "puede, con toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias" que desborden las limitaciones propias de "una empresa al uso". De este modo, para adquirir la citada idoneidad puede pedirse que "los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana".
Pese a estar contratados y pagados por el Estado, la elección de los profesores de catolicismo ha de efectuarse entre los que han sido declarados "idóneos" por las autoridades eclesiásticas. Sin dicha idoneidad, no se puede llegar a ser profesor de religión, admite el Constitucional.
El recurso de inconstitucionalidad partía del hecho de que "la exclusiva y vinculante potestad de propuesta de profesores atribuida al episcopado determina que la adopción de decisiones de contratación se sustente en criterios de idoneidad de índole religiosa y confesional, definidos por un ordenamiento distinto al estatal (el Derecho canónico), que resultarían inatacables ante los órganos del Estado". El TC reconoce que eso "no implica, en modo alguno, que tal designación no pueda ser objeto de control por los órganos judiciales del Estado, a fin de determinar su adecuación a la legalidad", pero añade que "la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes sean las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso" constituye "una garantía de libertad de las Iglesias para la impartición de su doctrina sin injerencias del poder público".
"La exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad para poder impartir enseñanzas de religión no puede estimarse irracional o arbitraria, sino que es coherente con los principios de aconfesionalidad y neutralidad religiosa del Estado", añade el TC.
El Constitucional advierte de que "nada puede decir" sobre el despido concreto de la profesora Galayo hasta que esta presente, "en su caso" un recurso de amparo. Parece evidente, sin embargo, por dónde va la doctrina. Cientos de profesores de religión se encuentran en la misma situación, algunos hasta con seis sentencias ganadas al episcopado por despidos sucesivos en otros tantos cursos escolares.
Los profesores de religión denuncian que el Constitucional les confunde "con curas o monjas"
El Tribunal Constitucional avaló ayer el despido de estos docentes por su vida privada
La Federación Estatal de Profesores de Enseñaza Religiosa (FEPER) ha opinado hoy que el Tribunal Constitucional, con su sentencia de ayer, ha demostrado un "desconocimiento total" de su situación y que confunde a estos docentes "con sacerdotes o monjas". El vicepresidente de este organismo, Luis Guridi, ha expresado su respeto por las decisiones judiciales aunque ha discrepado "absolutamente" del fallo del alto tribunal sobre el caso de una profesora, despedida por ser divorciada y vivir en la actualidad con su nueva pareja.
La sentencia confirmó a la Iglesia la potestad de designar y destituir a los profesores basándose no sólo en sus conocimientos, sino también en su conducta. La propia Galayo Macías se ha mostrado "indignada".
Galayo, una de los 17.000 profesores contratados y pagados por el Estado a petición del episcopado, prestó servicios como docente de religión católica en diversos centros públicos de Primaria en Canarias desde el curso 1990/1991. En octubre de 2000, las autoridades eclesiásticas de las islas decidieron no renovar el contrato de esta profesora por mantener una relación afectiva con un hombre que no era su marido, del que se había separado previamente. La profesorá recurrió a la Justicia y fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien planteó en 2002 al Constitucional una posible contradicción entre los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Constitución Española de 1978 en lo referente al régimen laboral de los profesores de Religión católica en la enseñanza pública.
"En la época de la Inquisición"
Ayer, el Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad del TSJC. Su argumento es que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de conocimientos y, por tanto, la capacitación para impartirla "puede implicar exigencias" que desborden las limitaciones de una empresa al uso. El auto dice que los docentes deben destacar "por el testimonio de vida cristiana" y que su elección ha de efectuarse entre los declarados "idóneos" por la Iglesia. Tras conocer el fallo, la profesora canaria está "indignada". "Parece que estamos en la época de la Inquisición porque si te separas, te vas de copas, tienes un hijo soltera o te afilias a un sindicato, te retiran la idoneidad", ha dicho.
En respuesta a la sentencia, la FEPER ha anunciado que seguirá "luchando" contra estas injusticias y que recurrirá el fallo en España y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para Guridi, el Constitucional "se ha equivocado totalmente" porque confunde a los profesores de religión "con sacerdotes o monjas", cuando estos docentes no tienen voto de obediencia a los obispos y además son "mayoritariamente laicos o seglares". Según Guridi, la misión de los profesores de religión no es dar catequesis o adoctrinar a los alumnos sino "decir lo que la Iglesia piensa".
"Un paso más al talibanismo católico"
Además, ha observado que el fallono ha tenido en cuenta la ley que se aprobó el pasado año y que estableció que los profesores de religión se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. El vicepresidente ha cirticado este fallo porque, a su juicio, va a ser "un paso más hacia el talibanismo católico absoluto y repugnante", al tiempo que ha comparado la situación actual con el "nacionalcatolicismo" de los años 40 y 50. "No podemos seguir en un Estado aconfesional con leyes del nacionalcatolicismo", ha añadido.
Guridi ha asegurado que la potestad que tienen las autoridades eclesiásticas de participar en la propuesta de los profesores de religión se ha transformado en "privilegio" y que este privilegio se ha convertido "en ley". En este mismo sentido se ha pronunciado la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. Su su presidenta, Lola Abelló, ha considerado "abusivo que la Iglesia tenga toda la capacidad de decidir no sólo sobre el trabajo, sino sobre la vida de unos profesores de religión que además están pagados por el Estado". La Alianza Evangélica Española también ha criticado la sentencia al considerar que "crea un grave precedente".
Yendo más allá que la propia sentencia, el grupo parlamentario de IU-ICV ha instado al Gobierno a que revoque los acuerdos pactados con la Iglesia. En el lado contrario, la Federación Estatal de Religiosos de Enseñanza-Centros Concertadosy Educación y Gestión han mostrado su satisfacción porque entienden que impartir la materia confesional precisa tener una "cierta coherencia" con lo que se está transmitiendo. El obispo de Málaga y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Antonio Dorado Soto, ha afirmado que el Constitucional "ha tardado en responder", pero que finalmente ha resuelto "a favor de la Iglesia".
