Los obispos suman otras dos sentencias por maltrato a profesores de religión
Nereida del Pino gana su sexto pleito y Suárez Quesada el cuarto, ambos por despido nulo
Seis despidos, seis sentencias, seis indemnizaciones. Nereida del Pino Díaz Mederos, 36 años, casada y residente en Gáldar, a 22 kilómetros de Las Palmas, supo ayer por la tarde que había ganado un nuevo pleito al Gobierno canario y al episcopado español. Anoche confesó a EL PAÍS su temor a que no sea "la última victoria". Lo mismo sospecha el profesor Martín Domingo Suárez Quesada, que a media mañana supo que había ganado a los obispos su cuarto pleito, también con indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios, más el pago de los salarios atrasados.
El Tribunal Constitucional publicó la semana pasada una polémica sentencia sobre el estatus laboral de los profesores de catolicismo en la escuela pública, contratados y pagados por el Estado pero seleccionados por los obispos para cada curso. La doctrina del Constitucional fue recibida por la jerarquía católica con regocijo porque, en opinión de los eclesiásticos, consolida su idea de que esos docentes pueden ser contratados o despedidos por motivos como casarse por lo civil o irse de copas con los amigos.
No opinan lo mismo los tribunales canarios, con argumentos extraídos también de sentencias del Tribunal Constitucional, de 1993 y 2001, sobre las garantías que merecen determinados derechos fundamentales. Ayer mismo, con una diferencia de dos horas, dos nuevas sentencias de lo Social condenan al episcopado y al Gobierno de esa comunidad por atropello del derecho fundamental a la libertad sindical. Suárez Quesada es un alto dirigente de la Confederación Canaria de Trabajadores y también de la Federación Española del Profesorado de Enseñanza Religiosa (Feper). Nereida del Pino Díaz es miembro de este último sindicato.
Los fallos tienen carácter extravagante. Se trata del sexto pleito que gana la profesora Díaz Mederos por otros tantos despidos en cursos sucesivos, y de la cuarta victoria judicial de Suárez Quesada. Llevan aparejado el pago de los salarios atrasados y sendas indemnizaciones de 3.000 euros por "daños morales".
Díaz Mederos participó en una huelga legal en 1999. Desde entonces recorre un calvario judicial, curso a curso. El obispo local la envió al año siguiente al paro, pese a sus 10 años de ejercicio profesional; el juez -y más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- le dieron la razón; cobró los salarios atrasados y la indemnización, y al curso siguiente vuelta a empezar. Ayer tuvo noticia del sexto pleito que gana, tras la vista pública celebrada el 12 de enero pasado ante el magistrado Ángel Martín Suárez, del Juzgado de lo Social de Gáldar. La literalidad de la sentencia aún no se conoce. Es seguro que el Obispado y Educación recurrirán, como en cursos anteriores, ante el Tribunal Superior de Justicia canario, que ya tiene planteadas ante el Constitucional cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por este caso. Ninguno se ha solventado.
Díaz Mederos acude cada día a trabajar a la universidad grancanaria en un empleo que "ya no tiene nada que ver con la docencia". Pero espera volver a su antiguo trabajo. Más: no cejará en su empeño de pedir amparo a la justicia mientras los obispos persistan en despedirla cada año sin razón.
En realidad, sí hubo razones para su despido, según el episcopado, aunque la sentencia viene reiterando que atentan contra derechos fundamentales. El calvario de Nereida del Pino empezó a finales de 1999, cuando "tuvieron lugar encierros de protesta del profesorado de religión y moral católica por sus condiciones laborales, así como en una huelga a principios de 2000, eventos de notoria repercusión pública", relata el juez.
Una extravagancia del calvario judicial a que está sometida Nereida del Pino tiene que ver con la ejecución de las sentencias, en un ir y venir a su puesto de trabajo que terminó por desanimarla hasta el punto de "tirar la toalla" a medias. Lo indica su decisión de buscarse otro empleo. En cambio, no cejará en su firmeza judicial: cada curso, en un gesto que se va a convertir en rito, apelará a la magistratura en demanda de sus derechos. Está resignada a que así sea.
Determinación
También el profesor Martín Domingo Suárez Quesada tiene una determinación de hierro. Ayer ganó su cuarto pleito y hacía las maletas para viajar a Las Palmas a reclamar la ejecución de sentencia. Ahora trabaja como profesor de historia en el Instituto de Formación Profesional-Escuela de Pesca, en Arrecife (Lanzarote). Su último destino como docente de catolicismo fue en el instituto Jinemar II, con un salario mensual de 3.011,02 euros.
Suárez Quesada ganó su primer pleito el 31 de enero de 2005; el segundo, el 22 de noviembre del mismo año, "por vulneración del derecho al honor" por parte del episcopado; el tercero, el 20 de abril de 2006, y del último tuvo noticia ayer mismo, aunque la sentencia lleva fecha de 22 enero pasado. Los fallos han sido emitidos por jueces y juzgados de lo Social distintos. Los condenados -Educación y Obispado de Canarias- vulneraron "el derecho a la indemnidad y a la libertad sindical" del docente, que cobrará los salarios de tramitación "hasta su efectiva readmisión", más 3.000 euros de indemnización "por daños y perjuicios".
El PSC pide revisar los acuerdos España-Vaticano
El portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Miquel Iceta, es partidario de que España "revise" sus acuerdos con el Vaticano para evitar despidos de profesores de religión por causas ajenas a sus aptitudes profesionales. En su blog de Internet, Iceta escribe que si estos pactos permiten este tipo de despidos, la vía a seguir debe ser la de la revisión de los acuerdos.
Consultado por EL PAÍS, Iceta aclaró que su opinión es "personal" y no vincula al PSC. Pero a su modo de ver, los profesores que son pagados con dinero público no pueden verse sometidos a que "alguien les diga cómo tiene que ser su vida privada ni con quién tienen que vivir". "El ejemplo moral para los católicos debe estar en la parroquia; en la escuela debemos tener buenos profesionales de la docencia", dijo.
No opina lo mismo la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Su departamento garantizará los derechos laborales de los profesores de religión, pero quien reconoce la "idoneidad" de estos docentes es la Iglesia católica, dijo ayer. Aludía a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la capacidad de la jerarquía eclesiástica para decidir quién imparte la asignatura de religión en las escuelas públicas. "Los profesores de religión son propuestos por la Iglesia católica, que es quien reconoce su idoneidad. Desde las administraciones educativas tenemos que respetar las normas existentes y los acuerdos con la Santa Sede, además de garantizar a esos profesores sus derechos laborales", concluyó sin especificar cómo se regulan tales garantías.
La Generalitat de Cataluña le dijo en 2003 a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde acababa de perder un nuevo pleito por despido ilegal de un docente de catolicismo, que "no tiene por qué apechar con las consecuencias" del comportamiento del episcopado, informa Juan G. Bedoya.
