La Conferencia Episcopal iniciará una batalla legal si el Ejecutivo no modifica el estatuto de los docentes de Religión
Madrid- La Conferencia Episcopal (CEE) dio a conocer ayer su respuesta a la LOE y a los reales decretos que la desarrollan, aprobada por unanimidad en la reunión de la Comisión Permanente que ha tenido lugar esta semana. Los obispos critican que la nueva legislación lesione «derechos fundamentales» y no se atiene a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Por ello, anuncian «acciones legales» si el Gobierno no modifica el borrador del Real Decreto que establece el estatus de los profesores del Religión.
La crítica de los obispos a la LOE comienza por la propia asignatura de Religión. Según el documento hecho público ayer, el actual «estatuto académico» de esta materia «no resulta equiparable al de una asignatura fundamental», lo que supone un incumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado. En efecto, el texto aprobado por la Permanente recuerda que mientras los Acuerdos estipulan que la enseñanza de la Religión «será equiparable a una asignatura fundamental», la LOE «ni siquiera la menciona en el cuerpo de la ley, relegándola a una disposición adicional». Además, los decretos de enseñanzas mínimas «reducen el número de horas que le asignan», y establecen que los alumnos que no cursen Religión recibirán «una atención educativa», que los obispos temen que se acabe convirtiendo en «tiempo libre o de estudio».
En estas condiciones, la regulación de la enseñanza de Religión «carece de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente, es decir, cerca del 80 por ciento de los padres», por lo que , en opinión de los obispos, quedaría «obstaculizado el ejercicio real y efectivo» del derecho a recibir la educación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones, como consagra la Constitución.
Similar contundencia han empleado al criticar el estatus que la actual legislación otorga a los profesores de Religión, a pesar de que es el único tema en el que el Gobierno aún no ha dicho la última palabra, pues tiene pendiente la aprobación del Real Decreto. O quizás ha sido esta circunstancia, unida al respaldo que para la posición de los obispos supuso la última sentencia del Constitucional, lo que ha motivado su firmeza. Para la CEE «ni la LOE ni el último borrador de Real Decreto que conocemos establecen los mecanismos jurídicos adecuados para que la autoridad de la Iglesia pueda ejercer con seguridad su obligación de garantizar la idoneidad del profesorado de Religión». De continuar así, «es posible que sea necesario recurrir a acciones legales para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente», aunque el secretario de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, reiteró su «esperanza» en que el Gobierno sea «coherente con la sentencia del TC» y rectifique. De hecho, a última hora de la tarde, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció que el Real Decreto, que prepara el Gobierno, respeta los derechos laborales que corresponden a todos los docentes y «también los acuerdos con la Santa Sede».
De ser así los obispos ganarían la batalla por recuperar su capacidad para «remover» a los profesores que no consideren «idóneos» para impartir la asignatura. Los Acuerdos establecen que «para cada año» los obispos presentarán a la Administración el listado de profesores de Religión para que sean contratados. Esto permite a los obispos no volver a incluir a aquellos docentes que ya no consideraba idóneos.
Sin embargo, en los borradores que maneja el Gobierno, la contratación pasaría a tener un carácter indefinido, y los obispos sólo podrían proponer a los docentes en un primer momento, perdiendo su capacidad de apartarlos. La semana pasada el TC ratificaba en una sentencia la capacidad de los obispos «para determinar quienes son las personas cualificadas para la enseñanza de su credo».
El punto en que lo obispos se emplean con mayor contundencia y beligerancia es el de «Educación para la Ciudadanía», la materia de la que el Gobierno ha querido hacer bandera de su reforma. Para la CEE es «una formación estatal y obligatoria de la conciencia». Señalan que uno de los objetivos de la asignatura es la formación de «la conciencia moral cívica de los alumnos». Pero los obispos recuerdan que «la autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni otra».
Además, entre otros de los problemas que plantea la materia, señalan el que supone una imposición del «relativismo moral y la ideología de género». «Esta Educación para la Ciudadanía es inaceptable en la forma y el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona», concluyen.
El texto no invita explícitamente a la objeción de conciencia frente a la asignatura, aunque afirma que «los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos». A preguntas de los periodistas, Martínez Camino reconoció que la objeción se encontraba entre estos «medios legítimos», por lo que los padres «hacen muy bien al recurrir a ella».
