El obispado de Girona admite a docentes sin "idoneidad" ante la falta de candidatos
En Girona, sólo el 26% de los alumnos de centros públicos cursa religión, frente a casi el 76% de la media de toda España
El obispado de Girona se ha visto obligado a rebajar los requisitos que marca la Conferencia Episcopal Española a los profesores de religión. Ante la cada vez mayor dificultad de encontrar maestros que impartan esta asignatura, el obispado ha tenido que rebajar el listón para hacer frente a la demanda de los 250 centros públicos que durante el presente curso imparten esta materia.
Así, el obispado de Girona ha propuesto a Educació la contratación de maestros sin el diploma eclesiástico de idoneidad (DEI), un certificado expedido por la Conferencia Episcopal Española, hasta ahora indispensable para poder ejercer de profesor de religión. Actualmente, en la diócesis de Girona hay unos siete profesores que imparten religión sin este certificado.
Esta ha sido la solución de urgencia que ha encontrado el obispado para cubrir la demanda de la asignatura de religión, aunque el delegado diocesano de educación, Pere Micaló, asegura que no será la panacea. Además, advierte que con la aplicación de la sexta hora las dificultades para encontrar profesorado se mantendrán el próximo año. El delegado diocesano de educación cree que la decisión del obispado de Girona no traerá problemas a la jerarquía de la Iglesia. "La atención a los centros pasa por delante de la titulación y este es el mensaje que querríamos dar a la Conferencia Episcopal y también al Departament d´Educació", aseguró.
Según datos del obispado de Girona, a principio de curso había 158 profesores de religión en la diócesis, pero a finales de enero la cifra se había reducido hasta los 143. Actualmente hay unos diez centros que no imparten clase de religión porque las plazas vacantes no se han podido cubrir.
Por otra parte, el número de alumnos que cursan religión durante este curso en la diócesis de Girona ha bajado un 2% respeto al curso pasado. Se da la circunstancia de que Girona es una de las provincias españolas con menos alumnos que estudian esta materia. Según datos del obispado, únicamente un 26% de los alumnos de los centros públicos de la diócesis de Girona cursa la asignatura de religión católica, un porcentaje muy lejano a la media española que es del 75,9%. En los centros de educación infantil y primaria la cifra sube hasta el 32,40%, mientras que en la secundaria y el bachillerato el porcentaje baja hasta el 16,52%.
El delegado diocesano de educación, Pere Micaló, atribuyó estos porcentajes a la "realidad social catalana, que es diferente de la española". Los conceptos abstractos de esta materia, incomprensibles para los alumnos más pequeños, contribuyen también a que la clase de religión católica no tenga demasiada buena aceptación entre el alumnado de las aulas de Girona. En este sentido, instó a replantear esta asignatura. "Quizá la sociedad catalana pide que se enseñe otra cosa como cultura religiosa no confesional y lo entendemos", reflexionó Micaló.
ENSEÑANZA
El Gobierno acata la sentencia sobre los docentes de religión, que se ven perjudicados
Los religiosos mostraron ayer su satisfacción por el fallo, mientras que la profesora que promovió el recurso dijo estar "indignada"
El Gobierno decidió ayer guardar un prudente respeto sobre la sentencia judicial que permite a las confesiones religiosas decidir sobre la idoneidad de los profesores que imparten la asignatura de religión. Tras varios días de duras críticas al PP por su presencia en la manifestación de la AVT- que hoy protestará contra la sentencia del Supremo que rebajó la pena al etarra De Juan Chaos- la portavoz del Gobierno prefirió limitarse a acatar el fallo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó tras el Consejo de Ministros que "la sentencia avanza en un camino de reconocimiento de una especificidad, pero al mismo tiempo enmarcándolo en los derechos fundamentales".
LA SENTENCIA. El Tribunal Constitucional, que preside María Emilia Casas, precisó ayer en una nota que su sentencia sobre la regulación del profesorado de religión en la Logse y varios artículos de los acuerdos de España con la Santa Sede, hecha pública el jueves, no entra a valorar "en ningún caso" la contratación de la profesora María del Carmen Galayo, la demandante que ha dado origen a este fallo. "En ningún caso - precisa- entra a valorar los hechos que rodean la decisión adoptada por el arzobispo de Canarias". El Constitucional, subraya la nota, "afirma la competencia" del Tribunal Superior de Justicia de Canarias "para decidir la reclamación de la señora Galayo aplicando la Constitución y los derechos fundamentales que reconoce, entre ellos, los de libertad religiosa y los fundamentales que como ciudadanos tienen los profesores de religión".
LA DEMANDANTE, INDIGNADA. La profesora canaria de religión a la que no se renovó el contrato por tener una relación afectiva con un hombre tras separarse de su marido dijo ayer sentirse "indignada" por la sentencia del TC que rechaza la inconstitucionalidad del acuerdo con la Santa Sede para la elección de estos docentes. Así lo manifestó a Efe María del Carmen Galayo Macías, quien aseguró que llevará su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Según la docente despedida, "parece que estamos en la época de la Inquisición porque si te separas de tu marido, te vas de copas, tienes un hijo soltera o te afilias a un sindicato, te retiran esa idoneidad". Los profesores de religión "estamos todos vendidos, pues uno no se podrá mover de su casa", protestó Galayo acerca de este fallo, que se produce a raíz de la remisión de su caso al TC por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que la profesora recurrió después de que se le desestimara por el juzgado pertinente.
El TSJC consideró que, antes de pronunciarse sobre el recurso presentado por Galayo, el TC debía determinar si se ajustan a la Constitución los contenidos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que el Gobierno y la Santa Sede suscribieron en 1979. "No soy cura, ni monja, ni he hecho voto de castidad"; sin embargo, a "los curas pederastas no los retiran y dan clase de religión" católica, criticó Galayo, quien consideró una "aberración" esta sentencia del TC.
VALORAN LOS OBISPOS. El obispo de Málaga y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Dorado Soto, explicó ayer que los temas más importantes que se han resuelto son, por un lado, que la Iglesia debe decidir el contenido de la asignatura de religión y, por otro, designar y destituir a los profesores que la imparten. "Cuando un obispo propone a una persona para impartir religión, no sólo se fija en que sabe muy bien la teoría, sino en que también es buen cristiano y que va a transmitir la enseñanza de la Iglesia", expuso. En esta línea, insistió en la importancia "del testimonio de vida del profesor que va a impartir esta asignatura de religión, así como saber que vive en conformidad con estos esquemas".
COLEGIOS SATISFECHOS. El secretario general de la organización de escuelas católicas Fere-Ceca y EyG, Manuel de Castro, se mostró ayer satisfecho porque, en su opinión, se demuestra que los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede son "perfectamente constitucionales". "Además, entendemos que ser profesor de una religión confesional supone también, no solamente ser fiel en la transmisión de la doctrina, que no es de nadie, sino también precisa tener una cierta coherencia con lo que se está transmitiendo".
LOS PROFESORES. El vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de la Enseñanza de Religión (Feper), Luis Guridi, aseguró ayer que la sentencia del Constitucional "va en contra" de sus derechos laborales. "Nosotros creemos que este fallo va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores de la enseñanza de religión, ya que, según la sentencia, dependeríamos de la voluntad única, exclusiva y arbitraria de un obispo", señaló Guridi, en declaraciones a RNE. En este sentido, explicó que la Iglesia no es la que contrata a los profesores de religión, sino la Administración, por lo que tienen los mismos derechos laborales que los demás. "Somos trabajadores de la enseñanza pública, no privada de titularidad de la Conferencia Episcopal con ideario propio", insistió.
