Profesores de religión
La reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) acerca de una cuestión suscitada respecto de la idoneidad de los profesores de religión tiene una trascendencia social y política que va más allá de los considerandos que se refieren al estricto caso puesto en cuestión. Ello es así porque la sentencia del Alto Tribunal, asumida de forma unánime por todos los magistrados, declara la constitucionalidad de diversos aspectos de los acuerdos alcanzados, desde 1979, entre el Estado español y la Santa Sede que hasta ahora habían sido motivo de polémicas o de divergencias más o menos aceradas.
La citada resolución del TC considera constitucionales la designación de los maestros de religión por parte de las autoridades religiosas correspondientes, así como la redacción de los contenidos de la asignatura y de los libros de texto, la asignación laboral de los maestros con cargo a los presupuestos generales del Estado, así como el régimen laboral de éstos. Por tanto, concluye el TC, la idoneidad de los profesores de religión ha de corresponder a las autoridades eclesiásticas y no tiene por qué circunscribirse sólo a sus conocimientos dogmáticos o a sus aptitudes pedagógicas, sino que puede aplicar el requisito vinculante de una conducta personal y privada que sea acorde con el credo que imparte. El tribunal afina la sentencia cuando considera que la vida privada del profesor es, en este caso, "una circunstancia relevante" que no afecta al derecho individual de las personas.
Trascendente como todas las resoluciones del TC, ésta que nos ocupa lo es también porque contribuirá a disipar en el futuro cualquier polémica, que estos días se ha visto de nuevo espoleada desde algunos sectores radicalmente laicistas, en torno a la concordancia del principio constitucional de un Estado no confesional. El artículo 16 de la Constitución española "garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto", declara que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y añade que "los poderes tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española". Los legisladores de 1978 tuvieron la habilidad de establecer un principio, de concepción por otra parte muy contemporánea con respecto a la moderna teoría del Estado y a las recomendaciones del concilio Vaticano II, en el que se imbrica la evidente laicidad del Estado, en cuanto a tal, con el debido respeto y amparo a las creencias de los ciudadanos, entre las cuales es mayoritaria la católica, tal como reconoce de facto el texto.
Al amparar los diversos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, además, el TC facilita que las relaciones entre ambas instituciones pierdan aristas. De todos es conocido que la relación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha estado demasiado presidida por los disensos. Muestra de ello son las dieciocho notas y comunicados de la Conferencia Episcopal emitidos, desde marzo del 2004, en las cuales las autoridades religiosas expresaban su opinión contraria al Ejecutivo en cuestiones tales como la concepción matrimonial en uniones homosexuales, el divorcio, la ley de Reproducción Asistida, el aborto, la ley de Educación, la clonación o el terrorismo. La doctrina constitucional expresada en la resolución sobre los maestros de religión despeja, en todo caso, lo que se temía como un tortuoso camino.
Un camino, sin embargo, que desde el pasado otoño, cuando tomó cartas en la negociación la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ha entrado en una nueva etapa en la que, de forma pragmática y respetuosa, se busca el acuerdo y se evita el enfrentamiento. Así fue en el pacto alcanzado por los representantes del Ejecutivo y del colectivo episcopal, el pasado diciembre, sobre el nuevo sistema de financiación por el cual se eleva el complemento presupuestario que recibe la Iglesia católica del 0,52 al 0,7% del IRPF, a cambio de renunciar ésta a la exención del IVA. El hecho de que el pacto se estableciera mediante la fórmula diplomática del canje de notas garantiza que el acuerdo no se puede modificar unilateralmente más que denunciando los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. En todo caso, una muestra de confianza.
Sigue habiendo diferencias entre el Gobierno y la CFE en cuestiones como la asignatura de religión y la de educación para la ciudadanía. Pero que el Gobierno acate sin el menor gesto de contrariedad la sentencia del TC indica que el clima se ha moderado y que se están resituando las relaciones.
